el jueves 16 de setiembre participamos en la movilización ciudadana "todos contra la impunidad", exigiendo la derogatoria de los decretos inconstitucionales promulgados por Alan García para permitir que las fuerzas armadas actúen en escenarios de conflictividad social, y en última instancia destinados a garantizar la impunidad en crímenes de derechos humanos.
el decreto más polémico, el 1097, ya fue derogado, debido principalmente a la presión internacional y también a la movilización de diversos colectivos ciudadanos, en especial, los familiares de las víctimas de delitos de lesa humanidad, cuyos autores fueron y son cobijados por los gobiernos de Alberto Fujimori y Alan García, respectivamente.
nuestros hermanos de la selva, a través de su sostenida movilización, nos han mostrado que es posible traerse abajo leyes que van contra nuestros derechos. las dolorosas muertes ocurridas en Bagua no deben ser en vano. es importante que las fuerzas comprometidas con la causa de los derechos humanos y las libertades democráticas, opinen e informen por todos los medios a su alcance sobre las implicancias de estos decretos y tanto o más importante, que sumemos en todos los actos públicos de rechazo a estas leyes hechas a medida de la mafia y del sistema corrupto.
desde CSC nos sumamos a todos los esfuerzos destinados a revertir este clima fascista que se cierne sobre nuestros esperanzas de cambio.
no bajemos los brazos!
todos contra la impunidad!
abajo los decretos inconstitucionales!
reproducimos un extracto del comunicado Exigimos la derogatoria de decretos legislativos que permiten la Impunidad, promovido por la coordinadora nacional de derechos humanos.
"... las disposiciones contenidas en el decreto legislativo 1095 referidas al uso de la fuerza no sólo expresan una falta de comprensión de las causas de los diferentes conflictos sociales que aquejan a nuestro país, sino también la persistencia del Estado en una estrategia que prioriza la intervención militar, la misma que a todas luces ha fracasado y que ha significado la pérdida de vidas humanas. Bajo esa lógica, este decreto y el decreto legislativo 1094 (código penal militar policial), termina concediendo indebidas atribuciones a la justicia militar para que juzgue situaciones provenientes de dichos conflictos sociales"
más información sobre los decretos, por la coordinadora nacional de derechos humanos, aquí.
